La ley es urgente, la discapacidad no espera

10/09/2025 - La directora de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad de la municipalidad Bolívar, Luján Bouciguez y la agrupación ‘Diferentes pero iguales’, se refirieron a la ley de emergencia en discapacidad que no llega.

Por Melina Gómez

En el último tiempo, la ley de emergencia en discapacidad fue uno de los temas que más presente estuvo en los medios de comunicación. Tras el rechazo del veto de Milei, la iniciativa que tiene como objetivo asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social, debería ser promulgada en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, eso no sucedió.

La ley de emergencia en discapacidad tuvo varios intentos de presentación hasta que se pudo realizar. En primera instancia, fue aprobada por diputados y senadores de la nación y, al elevarla al poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei la vetó. De esta manera, volvió a la Cámara de Diputados para que pueda ser votada nuevamente a favor o en contra del veto. En esa oportunidad, rechazaron el veto, se elevó a cámara de senadores que también votó por rechazo y la resolución fue que el Ejecutivo está obligado a promulgarla.

“Esa ley es de suma importancia porque trata tres cosas que son básicas en cuanto a derechos de las personas con discapacidad que tienen que ver con su seguridad jurídica, con los profesionales de la salud que atienden a las personas con discapacidad y también con las pensiones”, enumeró Luján Bouciguez, directora municipal de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad de Bolívar.

Respecto a la ley de pensiones, Bouciguez marcó que fue promulgada en la década del 50 y con el paso del tiempo fue modificada. “En la gestión anterior la pensión tenía una mirada más equitativa, donde se permitía que las personas que trabajaban en blanco, si cobraban menos de dos haberes vital y móvil, podían continuar teniendo la pensión. Entendiendo que ya no era una cuestión de pensión por incapacidad laboral, sino con una mirada igualitaria para las personas con discapacidad que encuentran barreras permanentemente”.

En cambio, en la gestión actual que preside Javier Milei, “se buscó que este beneficio fuera destinado a personas con incapacidad laboral. Volvemos atrás con una mirada hegemónica médico rehabilitador donde se enunciaron vocablos que ya estaban totalmente fuera de circulación, con un nuevo baremo, que son los criterios de evaluación para las personas que solicitan el beneficio de la pensión, que retroceden en todo lo que se venía avanzando en cuanto a derechos a las personas con discapacidad”.

En ese marco, el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) decidió hacer revisiones a personas que reciben el beneficio para evaluar la continuidad del pago de sus pensiones.

Además, “hubo una movilización sumamente importante por ese baremo en el tratado hacia las personas con discapacidad y 15 días antes de que se iniciara la revisión, se dieron de baja los criterios de evaluación. Las revisiones continuaron, no estamos en desacuerdo en que se hagan, pero la mayoría de las personas que tienen este beneficio no recibieron la carta de documento para poder presentarse, hubo personas que tuvieron que venir de Henderson a Bolívar, en Olavarría funcionaba una pizzería en el lugar y nosotros, era la casa de un vecino de Bolívar. Hasta el día que se inició la revisión no se sabía con exactitud dónde iba a ser”.

Con todo esto, el poder Ejecutivo debería promulgar la ley aunque “aún no hay novedades y es de público conocimiento la escandalosa situación que se ha dado por todos los medios nacionales de coimas y de nombres importantes, de personas tan llegadas al presidente y las suspensiones continúan”, afirmó Bouciguez.

En la oficina local de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad no cuentan con un número exacto de personas a las que les fue suspendido el pago de su pensión por discapacidad ya que, al ir al Banco a cobrar, se encuentran con que no tienen el dinero depositado. “Es sumamente triste porque si bien ya las revisiones habían causado mucha angustia, malestar, sin previo aviso y con mucha incertidumbre, porque aquel que no le llegaba a la carta no sabía qué hacer, hoy están sucediendo estas situaciones de desamparo”.

Más adelante, Luján mencionó que el beneficio de la pensión es una ayuda para las personas que lo perciben, más allá de que “no alcanza porque es un monto de $250.000 aproximadamente, nadie puede vivir hoy con ese dinero”.

Por otro lado, al referirse a la situación de las y los profesionales de la salud que atienden a las personas con discapacidad, Bouciguez dio a conocer que desde enero del 2024 no han variado sus haberes. “Un acompañante terapéutico está cobrando aproximadamente $3.000 la hora y no solamente que no se ha variado el monto, sino la demora con la cual los profesionales cobran. Entonces, si una persona asiste a alguna terapia o algún tratamiento, el profesional no cobra y la familia no puede abonarlo. Esa demora hace que de alguna manera el profesional tenga que continuar con su vida y no pueda seguir tratando a la persona con discapacidad”.

“Se ponen en juego algunas cuestiones que hacen que se mire mal a la persona con discapacidad o el beneficiario que lo está solicitando y no es así, porque en primer lugar tiene que haber un profesional que avale la condición de esa persona. Después tiene que ser evaluado por un médico capacitado que realiza el certificado médico oficial, ese certificado y todo el expediente es elevado para que las juntas evaluadoras de Andis lo revisen, o sea, es evaluado por varios sectores que tienen que ver con la Agencia Nacional de Discapacidad hasta que ese expediente se avala o se rechaza”, agregó la directora.

“Creo que se trata de ensuciar algo que es lo más noble. Cuando una persona solicita un informe médico por una patología, por una condición, por una sucesión de situaciones que está pasando y lo eleva para ser evaluado, no creo que cualquier médico firme cualquier cosa. Se pone en duda inclusive hasta la honorabilidad de los profesionales de la salud y creo que eso no corresponde”, completó.

Consultada por la situación actual en Bolívar, Luján indicó que “día a día nos enteramos de personas que han ido a cobrar y se encuentran con su pensión suspendida. Inmediatamente los derivamos a Anses y a su vez desde el municipio, porque nosotros no podemos hacer nada porque no tenemos conexión con Andis, estamos preparando una carta documento con todas las personas que han sido suspendidas sus pensiones para después accionar contra Andis”.

En el mismo sentido, la referente de la oficina de Discapacidad, mencionó el caso de una persona que le suspendieron la pensión, ella se dirigió a Andis, emitió una carta de protesta y volvió a cobrar la pensión.

“Fue muy mala la organización, muy mala la información, no estoy en desacuerdo si se quisiera hacer una revisión, pero primero garanticemos que las personas que están cobrando el beneficio, estén notificadas y con un margen de tiempo. Evidentemente se buscaba que no pudieran ir a la revisión o que no pudieran presentar la documentación”, remarcó Bouciguez.

A modo de conclusión, Luján lamentó la situación que atraviesan las personas con discapacidad. “Se había avanzado muchísimo cuando hablamos de inclusión, hasta pensábamos hablar de convivencia y volvemos a un modelo que habíamos prácticamente desterrado, el modelo médico rehabilitador”, dijo.

“He escuchado mucho que dicen ‘los o las discapacitados o discapacitadas’, no perdamos de vista la persona, son personas con discapacidad. La discapacidad es una condición que, si bien hay personas que nacen con esa condición, muchos o todos en algún momento de nuestra vida, vamos a adquirir de alguna manera u otra. La discapacidad nos toca a todos, de distintos lugares y en distintos momentos de nuestras vidas, entonces, no miremos a los discapacitados, miremos a las personas con discapacidad porque todos somos potenciales personas con discapacidad”, terminó Bouciguez.

 

“Esta ley no es un privilegio, es un derecho básico para seguir derribando barreras”

Desde la agrupación bolivarense ‘Diferentes pero Iguales’ que conforman madres y padres, profesionales de la salud y personas atravesadas por diferentes condiciones del neurodesarrollo, sumaron su testimonio para dar a conocer cómo viven la situación.

“El tratamiento de esta ley de emergencia en discapacidad es muy importante, tenemos que seguir defendiéndola porque entre los puntos principales que plantea está garantizar derechos como la salud, el trabajo, la educación y la protección social”, sostuvo Mónica Bergallo, integrante de la organización.

“También es fundamental porque afecta a los ciudadanos con discapacidad en los cuidados y en los apoyos que necesita para la vida diaria, además crea una pensión no contributiva por discapacidad para la protección social gestionada por la Agencia Nacional de Discapacidad, que es compatible con el empleo. Esta ley no es un privilegio, es un derecho básico para seguir derribando barreras y creemos que el Gobierno tiene que estar presente, tenemos que seguir apoyando esta ley de emergencia y que se implemente ya”, agregó Mónica.

“Lo principal que debe pasar para que esta ley tenga un escenario mejor en la vida de cada persona con discapacidad es que el Estado esté presente, garantizando los derechos y no negándolos, porque la discapacidad no espera y porque el ajuste no se debe hacer con la vida de las personas. Debe haber un reconocimiento del trabajo de los profesionales, de las instituciones y organizaciones que están involucradas día a día en la vida de estas personas que dependen de tratamientos y apoyos que debe garantizar el Estado”.

“Es muy importante que esta ley de emergencia se promulgue y se implemente ya. Debemos seguir luchando por la necesidad de no vulnerar los derechos de las personas con discapacidad, eso es fundamental, lo más importante. Debemos acompañar y apoyar esta ley para que exista más justicia, por más derechos y porque realmente haya una inclusión real”, completó Bergallo.

Por su parte, Luisina Miranda como otra de las representantes de ‘Diferentes pero iguales’, hizo hincapié en el fortalecimiento de la Andis “para asegurar el cumplimiento de derechos y políticas que están dentro de la Constitución Nacional. Creemos y pedimos que parte de la tarea de la Andis es cuidar, acompañar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad y un Estado presente ya que no se puede construir inclusión cuando se desfinanza lo que la hace posible, porque para lo que muchos es un gasto, para nosotros es vida digna”.

Jorge García, como jefe de la oficina de Anses en Bolívar, también fue consultado por este medio para referirse al tema. “No tengo autorización de Anses a dar testimonios ni notas periodísticas. Mil disculpas”, respondió.